El Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer en septiembre pasadao un nuevo plan que relaciona a las personas mayores de 18 años con su Registro Federal de Contribuyentes (RFC).
El principal propósito del SAT es mantenerse al tanto de las actividades de millones de jóvenes que se incorporen a la vida laboral, esperando la aprobación de la Ley de Ingresos 2022.
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La nueva Miscelánea Fiscal generará al menos 200 cambios en el código fiscal y otras leyes, que preocupan al sector privado ante el riesgo de que el contribuyente resulte afectado por el objetivo de las autoridades hacendarias de tener mayor control.
Critican RFC obligatorio
Al respecto, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) llamó a los legisladores a escuchar a todas las partes involucradas antes de aprobarla ante posibles afectaciones en la población.
Asimismo, respecto al Código Fiscal de la Federación, la Coparmex mostró su preocupación de que el SAT sea quien determine la “razón de negocios”, o se le den facultades para que sea quien decida la “simulación de actos”. Esto, porque abre la posibilidad de darle consecuencias penales a su determinación.
“Detectamos modificaciones que afectan la actividad económica formal, como la que establece la facultad del SAT a rechazar la solicitud de Firma Electrónica Avanzada o de ‘Certificado de Sello Digital’, donde se eliminan los supuestos para utilizar el procedimiento de aclaración en caso de suspensión y se incrementan en los casos en que procederá su cancelación de manera directa”, explicó el sindicato patronal.
Coparmex consideró que la obligatoriedad del RFC supone un mayor control del SAT, ya que el motivo principal de la inscripción es la generación de ingresos por los cuales se debe realizar el pago de impuestos.
Apoyan cambios del SAT
Los especialistas aseguraron que, con un mayor uso del RFC, se puede persuadir al contribuyente a pagar sus impuestos con las notificaciones por correo electrónico.
Asimismo, resulta una buena herramienta a combatir la informalidad y para que la gente de escasos recursos reciba los apoyos gubernamentales para tener un mayor control en la asignación de recursos.